MADRID (apro).-El ex futbolista del FC Barcelona Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca, podrá salir en libertad provisional si paga una fianza de un millón de euros, acordó la Audiencia de Barcelona.
El fallo de los magistrados notifican la resolución que accede parcialmente a la petición de la defensa de Alves de dejarle en libertad a la espera de que se dicte la sentencia definitiva.
En la comparecencia en la que el exfutbolista de Pumas y su defensa pidieron el cambio de medida cautelar, el jugador brasileño dijo a través de videoconferencia desde Brians 2: “Creo en la justicia, no huiré”.
Los magistrados argumentan que el riesgo de fuga del jugador “se ha aminorado”, debido a que está empadronado en la ciudad condal.
La resolución dictada por la Sección 21ª de la Audiencia de Barcelona le impone que abone una fianza de un millón de euros para abandonar la cárcel de Brians 2, donde permanece desde hace 14 meses.
Si bien se plantea que “persiste cierto riesgo de fuga” en tanto se resuelven los recursos presentados por la Fiscalía, la acusación y la defensa de Alves a la sentencia que le condena por la agresión sexual, los magistrados impusieron medidas adicionales al pago de la fianza de un millón de euros.
Dispusieron la retirada de los dos pasaportes (español y brasileño) del exlateral del Barça, la prohibición de abandonar territorio español, la obligación de comparecer cada semana ante los jueces y le prohíben acercarse a menos de un kilómetro o comunicarse con la víctima.
Un magistrado discrepa
La decisión de dejar en libertad preventiva a Alves no fue una decisión unánime: Se presentó el voto particular de uno de los tres magistrados, el juez Luís Belestá, que era partidario de mantener en prisión a Alves.
La Fiscalía y la acusación particular de la víctima, que ejerce la defensora Ester García, solicitaban mantener la prisión preventiva al apreciar grave riesgo de fuga por la elevada capacidad económica del jugador, lo que le permitiría huir a Brasil, país con el que no existe convenio de extradición.
El juez –ponente de la sentencia del caso— explicó que a pesar de que la condena de cuatro años y medio de prisión es inferior a la que inicialmente reclamó la Fiscalía como la acusación particular (que piden nueve y doce años de cárcel, respectivamente), el riesgo de fuga de Alves se ve “incrementado”.
